Facilidades de Pago Deudas Tributarias (Dirección General de Impuestos Internos)
Circular 14 / Septiembre 2021
Exceptuando aquellas deudas del año 2021, la DGII ha establecido las siguientes facilidades de pago, sin importar el tipo de impuesto o el proceso que originó la deuda, en las que se aprobará un descuento sobre el monto los recargos, pagando la totalidad de los intereses indemnizatorios, según las condiciones descritas en la Circular 14.
Pueden optar contribuyentes omisos o por rectificativas que presenten declaraciones voluntariamente. Si la deuda es producto de determinación por fiscalización, se dará el mismo tratamiento a períodos subsiguientes si se generan por rectificación voluntaria de contribuyente.
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Deuda |
Descuento sobre recargos (no aplica intereses indemnizatorios) |
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Antes e incluyendo 2017 |
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2018 – 2020 |
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Al menos 10% de inicial será requerido en acuerdos
Requisitos:
- No haber usado comprobantes fiscales (NCF) presuntamente fraudulentos, irregulares o no autorizados
- No tener caso de investigación de delito tributario abierto
- En caso de haber incumplido un acuerdo de pago en 2020, sólo puede optar por opción de pago único
Existirán distintos niveles de aprobación en la DGII según el monto de la deuda en cuestión.
El incumplimiento de 3 cuotas del acuerdo dará lugar a pérdida de término y plazos otorgados, así como a terminación del mismo.
El presente documento contiene información general. Su objetivo es meramente informativo y para referencia, por tanto, no constituye una opinión legal de Franco. Se recomienda buscar asesoría legal para cada caso en particular.
Acuerdos Societarios: Acuerdo entre Accionistas Vs Joint Venture Agreement
La incidencia del derecho en la creación y el funcionamiento de las Joint Venture es innegable ante la trascendencia práctica que el régimen jurídico ha concedido a esta figura que no se encuentra regulada. Este documento pone en evidencia cómo la eficacia jurídica y la validez de los acuerdos arribados en el Joint Venture Agreement, antela existencia de una sociedad de capital cuya relación societaria se rige por un Shareholder Agreement. El reto del Joint Venture Agreement, como respecto a muchos otros contratos complejos, es organizar el uso de la libertad y sus consecuencias en el ámbito del derecho de sociedades.
Con frecuencia, sostenemos interesantes discusiones con clientes que entienden necesitar tal o cual documento para un negocio determinado. Aunque resulte muy evidente ante los ojos de un abogado, en ocasiones los clientes tienen válidas confusiones y es nuestro deber edificarles correctamente. Para ello, siempre intentamos identificar su objetivo comercial proyectado a un mediano y largo plazo, de manera que la estructura legal ofertada tenga un uso eficiente y preventivo.
Este artículo identifica las similitudes, ventajas o desventajas más importantes entre el Acuerdo de Alianza Estratégica conocido en inglés como Joint Venture Agreement (“JVA”) y el Acuerdo entre Accionistas o Shareholder Agreement (“SHA”) como instrumentos que facilitan la conducción de negocios entre partes.
GENERALIDADES Y PARTICULARIDADES
| JVA | SHA |
| Acuerdo de cooperación definitivo suscrito entre partes autónomas que crean sinergia para lograr un objetivo común. En nuestro país este instrumento se implementaba por exigencia de inversionistas; sin embargo, debido al entorno cada vez más competitivo, se ha aumentado la frecuencia de su uso. | Acuerdo suscrito entre los socios de una compañía de la cual son copropietarios y dicho documento establece los derechos, privilegios, protecciones, deberes y obligaciones de cada uno de ellos, tanto entre ellos, como frente a la sociedad misma, así como los aspectos de gobierno de esa sociedad existente, describiéndose en el referido acuerdo cómo operará la compañía. |
| Su similitud radica en que a través de ambos instrumentos las partes persiguen la ejecución de un proyecto común, diferenciado, principalmente, en la soberanía que mantienen los asociados de un joint venture frente al proyecto, constituyéndose en entes que aportan los esfuerzos y recursos necesarios para lograr una tarea o un proyecto determinado mientras permanecen independientes; mientras que en el SHA se convienen todas las disposiciones que regirá la relación de los socios propietarios de una empresa para desarrollar y ejecutar un proyecto de manera conjunta. | |
| Los joint venture pueden ser contractuales (analizados en este artículo) o societarias. Los joint veinture societarios utilizan uno de los tipos de sociedades del régimen jurídico para su implementación. En la modalidad de joint venture societario, además del JVA, las disposiciones inherentes a un SHA serían recogidas en el pacto social o estatutos sociales, con la salvedad que este último documento requiere de registro y por ende se convierte en un instrumento público, limitando la confidencialidad de ciertas informaciones y disposiciones convenidas. | La creación de un vehículo especial regido por un SHA delimita el riesgo de los socios, siendo dichos riesgos soportados en su mayor parte por el mencionado vehículo que cuenta con sus propios activos y pasivos. El SHA suele incluir el plan de negocios a mediano y largo, y se pueden convenir las reglas para que los socios puedan vender participaciones, captar nuevas inversiones, distribuir beneficios, así como las reglas de salida para recibir las ganancias proyectadas. |
| Ciertas alianzas son realizadas entre partes de industrias competidoras que, al realizar aportes a un nuevo vehículo, se crea cierta distancia entre la empresa conjunta y los propietarios. | El SHA permite a los socios establecer una estructura de gobierno corporativo para viabilizar los procesos de toma de decisiones logrando así una independencia operativa que responda a los intereses de la sociedad y no a cada uno de los asociados en particular. |
| Tributario: En un JVA las matrices son las responsables del pago de los impuestos correspondientes al proyecto. | Tributario: En el SHA las partes pueden establecer los deberes del vehículo corporativo frente a la administración tributaria y también, en caso de que aplique, las disposiciones necesarias para que la sociedad pueda beneficiarse de programas de incentivos existentes. |
| Dentro de las ventajas del JVA podemos identificar la flexibilidad de que se ha ido adoptando para el uso de esta estructura, permitiendo que sus asociados unifiquen sus respectivas fortalezas, reforzando sus habilidades para lograr un objetivo común. Es decir, no se requiere que cada asociado cuente con toda la habilidad o experiencia necesaria para la consecución del proyecto, sino que usualmente representa la unión de las aptitudes individuales de cada una para compensar la debilidad de la otra. | Una de las ventajas de un nuevo vehículo corporativo regido por un SHA, es la capacidad de hacer más restrictivo el acceso a las informaciones de los socios que participan en el negocio. |
| Cuando nos encontramos con asociados que compiten en un mercado o una industria, y que a través de un JVA aportan o comparten recursos, es posible que ciertas aptitudes, habilidades o capacidades puedan filtrarse a la competencia. | En el SHA los socios no suelen competir uno con otro, sino que más bien persiguen una misma finalidad e interés. |
| Mientras más partes intervienen en un JVA la gestión y la administración del proyecto puede tornarse más complicada ya que son las empresas matrices quienes regulan el acuerdo de alianza, teniendo un igual acceso al proceso de toma de decisiones. | Sin desmérito de que el JVA puede ser societario y establecer un órgano de gobierno a través de cualquier vehículo, uno de los puntos esenciales del SHA es el gobierno corporativo, sus órganos, competencias, metodología en caso de situación de bloqueo, entre otros. |
| En el JVA las partes son libres de convenir la repartición de beneficios y pérdidas considerando que el Artículo 1855 del Código Civil considera nula cualquier disposición que beneficie a un solo socio. | En cuanto a los compromisos de aporte, en un vehículo especial creado para ejecutar un proyecto, los socios se convierten en deudores de la sociedad por lo que prometen aportar en ella, pudiendo establecerse en el SHA las reglas aplicables para la repartición de beneficios, oportunidades de reinversión y captación de fondos; y, como dijimos antes, las deudas asumidas por la sociedad son responsabilidad de ésta y afectarán las garantías convenidas por ella. |
Es posible afirmar que aun ante la ausencia de un concepto uniforme de lo que es un JVA, pues carece de una regulación que lo norme, nuestro país ha venido haciendo uso de estas estructuras anglosajonas para viabilizar los negocios en el país, asumiendo el principio contractual de la autonomía de la voluntad de las partes. Dicho esto, entendemos que ambas estructuras legales son convenientes dependiendo la envergadura del proyecto a ser ejecutado, el término o duración de este y la calidad de sus asociados. También, el hecho de realizar una alianza estratégica no inhabilita la posibilidad de acordar disposiciones típicas de un SHA, siempre que el marco legal aplicable lo permita.
Sin embargo, cuando abordamos estas figuras desde la perspectiva de la autonomía de los patrimonios, los cuales en un JVA permanecen propiedad del socio que lo aporta, así como del estado de indivisión de los bienes adquiridos dentro del joint venture en virtud de un acuerdo, nos inclinamos por la implementación del proyecto mediante un vehículo especial cuya relación entre los socios, la forma en que se tomarán las decisiones críticas del negocio, la estructura que permita la valoración independiente de la compañía en caso de una disputa entre socios, las reglas a ser aplicadas en el eventual desacuerdo entre socios, el balance del poder entre un socio mayoritario y otro minoritario, los derechos de arrastre y acompañamiento, entre otros, se encuentren regidos por un SHA.
El presente documento contiene información general del tema de referencia. Su objetivo es meramente informativo y, por tanto, no constituye una opinión legal de Franco. Se recomienda buscar asesoría legal para cada caso en particular.
Ley No. 222-20, que modifica la Ley No. 506-19, sobre Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2020, modificada por la Ley. 68-20, y que a su vez modifica los artículos 7 y 8 de la Ley 46-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial.
ANTECEDENTES
La presidencia de la República Dominicana, en búsqueda de atenuar la crisis económica y sanitaria que padece el país como resultado de Covid-19, el pasado 7 de septiembre promulga la Ley 222-20 que modifica la Ley 506-19 del 20 de diciembre de 2019 del Presupuesto General del Estado para este año 2020, a su vez modificada por la Ley 68-20 del 13 de junio de 2020 (la “Ley”), estableciendo un Presupuesto Complementario, y autorizando al Poder Ejecutivo, vía el Ministerio de Hacienda, a incrementar las fuentes financieras en el presupuesto que se encuentra en ejecución.
Dicho esto, y con el objetivo de diseñar y poner en marcha las políticas públicas, los programas y las actividades que sean necesarias para impactar el déficit que afecta al país, y en especial, a los sectores vulnerables, la Ley busca racionalizar el gasto público y adoptar un plan de contingencia para fomentar todos los sectores productivos, y, entre otras cosas, contempla la recaudación, por parte del fisco, de una proporción del impuesto sobre las rentas generadas por las personas residentes o domiciliadas, conforme sus ingresos.
Para fines del presente newsletter, levantaremos los aspectos de la Ley que impactan y facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, quedando nuestro equipo de consultores a su disposición para aclarar éstos, o cualesquiera otros aspectos referidos en la normativa analizada.
Puntos esenciales de la Ley
- Aprueba una nueva estimación de ingresos del Gobierno Central para el ejercicio presupuestario del año 2020.
- Aprueba nuevas erogaciones al Gobierno Central.
- Autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar las fuentes financieras y concertación de operaciones de crédito público.
- Adiciona el párrafo IV al artículo 7 de la Ley 46-20 para incluir Amnistía Fiscal.
- Modifica el artículo 8 de la Ley 46-20, sobre las deudas tributarias que se encuentren en proceso de cobro, sin importar el tipo de impuesto.
Amnistía Fiscal: 3.5% sobre promedio de ingresos operativos netos
El artículo 9 de la Ley, inserta un nuevo párrafo IV al artículo 7 de la Ley 46-20, el cual establece que aquellas personas con contabilidad organizada y que sean contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), podrán cerrar los ejercicios fiscales no prescritos de estos impuestos, pagando el 3.5% sobre el promedio de los ingresos operativos netos declarados para el Impuesto Sobre la Renta en los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019, además de la tasa del impuesto especial que correspondiente, conforme el referido artículo 7.
Con dicho pago, los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019 quedarían cerrados y firmes, no susceptibles de fiscalización alguna, siempre que no exista una previa determinación pendiente, en discusión o no pagada, para cualquiera de esos períodos.
Facilidades para el pago de deudas tributarias
La Ley también incluye una modificación al artículo 8 de la Ley 46-20, a los fines de establecer las siguientes facilidades de pago para las deudas tributarias que se encuentren en proceso de cobro al momento de su promulgación, a saber:
A-Un único pago del 70% de los impuestos determinados sobre aquellas deudas:
- Originadas por determinaciones de la Administración Tributaria
- En proceso de reconsideración
- En proceso ante la jurisdicción contenciosa administrativa
B-Pago del 100% de los impuestos y hasta 12 meses de interés indemnizatorio, en los casos de las deudas siguientes que no hayan sido pagadas oportunamente:
- Provenientes de declaraciones ordinarias
- Autoliquidaciones y/o
- Rectificativas voluntarias
- Nota: Si el contribuyente se acoge a pago fraccionado, pagará los intereses indemnizatorios correspondientes.
En los casos que la deuda tributaria se encuentre en proceso de recurso en sede administrativa o jurisdiccional, la parte recurrente deberá desistir del recurso en proceso. Del mismo modo, los contribuyentes contra los cuales la DGII haya incoada un proceso judicial penal por obligaciones tributarias determinadas no podrán beneficiarse de las facilidades establecidas.
Facilidades y Aplazamientos para Declaraciones y Pagos Impositivos
Resolución Núm. DDG-AR1-2020-00002 emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Considerando el Estado de Excepción, bajo modalidad de estado de emergencia, establecido por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de julio del año en curso, la Dirección General de Impuestos Interno (DGII) ha venido adoptando diversas facilidades para el cumplimiento tributario de los contribuyentes ante el impacto económico del Covid-19. En este sentido, el pasado 31 de agosto de 2020, la DGII adoptó las disposiciones indicadas a continuación.
Sumario de la Resolución:
- Mantener el 31 de agosto de 2020 como fecha límite para (i) presentación y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de empresas de único dueño con cierre fiscal al 31 de marzo 2020; y, (ii) presentación de Declaración Jurada Informativa de Instituciones sin Fines de Lucro con cierre fiscal al 31 de marzo del año en curso.
- Para empresas y negocios de único dueño con cierre fiscal al 31 de marzo y al 30 de junio 2020, incluyendo las que presentarán su declaración jurada en noviembre de este mismo año, se concede un acuerdo de pago para liquidar el ISR en dos (2) cuotas iguales y consecutivas, iniciando el 31 de agosto de 2020.
- Mantener las fechas límites de vigencia y exigibilidad establecidas para las cuotas de los acuerdos de pago formalizados previo al 19 de marzo 2020, beneficiados con el aplazamiento automático de cuatro (4) meses, previstos en los avisos 36-20 y 76-20.
- Exonerar el pago del segundo anticipo del ISR a personas físicas y sucesiones indivisas con actividades no comerciales e industriales, generado por la declaración jurada (IR1) del ejercicio fiscal 2019, con ingresos no superiores a RD$8,700,000.00. Los contribuyentes que no apliquen para esta exención, podrán solicitar exención total o parcial de los anticipos, si presentan y demuestren una reducción significativa de sus ingresos durante el año 2020 respecto al 2019.
- Para aquellos contribuyentes acogidos al Régimen Simplificado de Tributación, se mantienen las siguientes fechas límites para el pago de las siguientes cuotas: (i) el 30 de octubre de 2020 para el pago de la tercera cuota para personas jurídicas (RS2) y compras (RS3); (ii) el 31 de diciembre de 2020 para pago de la segunda cuota para personas físicas (RS1) y sector agropecuario (RD4); y, (ii) el 31 de diciembre de 2020 para pago de la cuarta cuota para personas jurídicas (RS2) y compras (RS3).
- Extender al 11 de septiembre de 2020 el pago de la segunda cuota del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI).
- Extender hasta el 30 de septiembre de 2020la vigencia de las placas de exhibición de vehículos de motor vencidas desde el 19 de marzo.
- Postergar para el mes de noviembre de este año el Impuesto a la Circulación de Vehículo de motor del período 2020-2021 (Marbete).
El presente documento contiene información general del tema de referencia. Su objetivo es meramente informativo y, por tanto, no constituye una opinión legal de Franco. Se recomienda buscar asesoría legal para cada caso en particular.